Edwin Obispo acababa de enviar más de la mitad de su sueldo en remesas a sus hijos en Honduras, como lo hacía cada semana, en la misma tienda en Norristown. Solo que esta vez, mientras caminaba hacia la casa, alguien lo seguía.

Cuando se giró para mirar, un hombre le pegó con un ladrillo en la cabeza. El atacante y otro hombre lo golpearon y patearon hasta casi matarlo, y luego robaron su billetera, que tenía $120 dólares.

Mientras estuvo en el hospital, temiendo ser deportado, se prometió que si sobrevivía, optaría por conseguir la ciudadanía estadounidense.

Hacía 10 años que Obispo había huido de su país para escapar la violencia de las pandillas, el crimen callejero y las condiciones de pobreza, que solían ser tan severas que había quienes se quedaban sin qué comer. Atravesó la frontera entre México y Estados Unidos, y se las averiguó para llegar a Filadelfia, donde consiguió un trabajo rehabilitando casas.

“No quiero vivir en las sombras como cuando se es un inmigrante que está ilegal”, dijo Obispo, ahora con 48 años de edad.

Se acercó a trabajar con Ana Molina, conocida en la comunidad hispanohablante de la región por sus servicios de inmigración. Su negocio, basado principalmente en la publicidad boca-en-boca y que solo acepta pagos en efectivo, estaba ubicado en la avenida Castor, en Northeast Philadelphia desde 2001.

Durante su primera reunión, a principios de 2013, Obispo confió inmediatamente en Molina, una inmigrante nacida en Perú, quien había obtenido la ciudadanía estadounidense en 1987. Ella le aseguró que podía ayudarlo a navegar el laberinto del sistema de inmigración de este país, que tanto le intimidaban. Ella se presentó como “una destacada abogada de profesión”, recordó.

Resultó que ella no era abogada. Y ella le robaría miles de dólares a Obispo y a otros como él.

En tiempos en que los trabajadores indocumentados están cada vez más aterrorizados de ser deportados, su desesperación por quedarse legalmente en este país sigue fomentando una robusta industria de proveedores de servicios fraudulentos de inmigración.

Las quejas contra estos proveedores se dispararon el año pasado en el estado de Pensilvania, saltando de 22 casos reportados en 2018 a 129 en 2019, según la Comisión Federal de Comercio. Aun así, expertos dicen que este tipo de delito suele ser reportado en muy pocas ocasiones.

“El fraude es tan grande y los recursos son tan limitados, que el gobierno no puede controlarlo de manera efectiva”, dijo Don Crocetti, exdirector de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés), una instancia dependiente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Las estafas más comunes involucran a inmigrantes que residen legalmente en el país, que se aprovechan de otros que quieren obtener el mismo estatus migratorio. Mienten al decir que son abogados de inmigración, o engañan a inmigrantes de países hispanohablantes al presentarse como “notarios”.

En América Latina, un notario es un profesional de las leyes, capaz de ejercer el derecho notarial. Sin embargo, en los Estados Unidos, un notario es simplemente una persona que puede autentificar las firmas que se colocan en los documentos.

Cobrando tarifas exorbitantes, estos proveedores a menudo tienden a no procesar las peticiones del cliente, o peor aún, envían formularios de inmigración engañosos, que pueden desencadenar órdenes de deportación.

“Se están aprovechando de las víctimas perfectas”, dijo Jeff DeCristofaro, abogado de inmigración y director ejecutivo del Centro para la Ley y la Justicia Social en Camden.

“No están documentados, por lo que ya viven en las sombras. Generalmente tienen recursos limitados. Acuden a personas que les prometen el mundo. Cuando se dan cuenta de que han sido estafados, no creen que pueden denunciar el fraude porque creen que ellos mismos serán arrestados o detenidos”.

Acuden a personas que les prometen el mundo. Cuando se dan cuenta de que han sido estafados, no creen que pueden denunciar el fraude porque creen que ellos mismos serán arrestados o detenidos.

El Inquirer encontró que ninguna de las instancias gubernamentales ha controlado estos fraudes durante años, incluso después de que las autoridades han recibido múltiples quejas contra los mismos proveedores.

En el caso de Molina, las autoridades federales fallaron al no cerrar sus instalaciones cuando el número de víctimas seguía en aumento durante un período de cinco años.

Al otro lado del río en el sur de Nueva Jersey está Luc Matthews, cofundador de African Hispanic Immigration Org. (AHIO), quien ha evadido a las autoridades federales a pesar de años de quejas por fraude ante el USCIS y la policía local y los fiscales correspondientes.

Matthews, ciudadano estadounidense nacido en un país de África Oriental, dijo en una entrevista que no ha hecho nada malo. Se quejó de que algunos inmigrantes no aprecian todo el arduo trabajo que hace.

“Las personas que ayudas, son las mismas que te cachetean”, dijo.

Con el crecimiento de la población inmigrante, Filadelfia promulgó una de las leyes más estrictas de la nación en 2014, con la intención de garantizar su protección: la ley exige que los proveedores de servicios de inmigración se registren anualmente con las instancias gubernamentales de la ciudad y que exhiban de manera física una cláusula del tamaño de un póster, en inglés y en español, que indique que no son abogados de profesión. Los operadores enfrentan multas cuantiosas si no lo hacen.

Hay docenas de oficinas de este tipo por toda la ciudad, ya sea que promocionen abiertamente “servicios de inmigración” o que operen secretamente en los llamados “multiservicios” que ofrecen, entre otros, preparación de impuestos, giros bancarios y placas de vehículos.

Sin embargo, ninguna empresa está registrada actualmente. Según las autoridades, la ciudad tampoco ha emitido una sola violación desde que se aprobó la ley de 2014.

Un sistema federal sobrecargado y la falta de reforzamiento de la ley local han permitido que Matthews y Molina operen ilegalmente a la vista de todos.

“Saben que las probabilidades de ser enjuiciados son muy escasas, por lo que se aprovechan de eso”, dijo Crocetti.

Obispo tardó casi dos años en darse cuenta que Molina no era abogada. Para entonces, le había dado $5,750 dólares, la mitad de sus ganancias anuales, sin tener recibos o evidencias que mostrar.

“Es tan difícil ganar dinero de manera honesta para pagarle a alguien quien está haciendo un trabajo corrupto”, dijo Obispo a través de un intérprete. “¿Cómo sucede eso? ¿Cómo pueden permitir que alguien haga un trabajo para inmigrantes así y tomar su dinero?” preguntó el hondureño.

“Ella arruina el sueño americano”.

Luc Matthews cuenta que a los 22 años de edad (en 1996) huyó de una guerra civil que afectaba la República de Burundí, llegando a Filadelfia a través de un programa eclesiástico que le permitió obtener asilo y luego la ciudadanía.

“En este país, todos pueden lograrlo”, dijo en una entrevista. “Es el paraíso terrenal, si solo la gente ve las maravillas de este país. (...) Puedes venir y comenzar a vender pizza y convertirte en millonario, si haces un trabajo realmente bueno”.

Matthews lanzó AHIO, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de inmigración en el sur de Nueva Jersey. Luego, solicitó convertirse en un “representante acreditado”, es decir, una persona que no es un abogado pero sí está autorizada por el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los inmigrantes en asuntos legales, además de representarlos en los procedimientos de inmigración.

Para cumplir con los requisitos que conlleva esta autorización, Matthews tuvo que demostrar que estaba entrenado en leyes de inmigración y que trabajaba para un negocio de servicios de inmigración exento de impuestos, que cobraba tarifas bajas. También tuvo que proporcionar cartas de referencia y dar fe de su “buen carácter moral”.

En aquel momento, las reglas federales no requerían que los solicitantes divulgaran ningún historial criminal. Esa brecha funcionó a favor de Matthews.

Según muestran los registros judiciales y policiales, en el momento que Matthews presentó su solicitud para la acreditación (quien tenía 36 años de edad en ese entonces) tenía antecedentes penales por robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y falsificación de documentos, tanto en el estado de Pensilvania como en Nueva Jersey.

En noviembre de 2008, Matthews fue condenado por falsificar dos cheques en blanco que le robó a un vecino, endosando uno para sí mismo por $280 dólares y otro a nombre del Tribunal de Tráfico de Filadelfia por $177 dólares.

Al mes siguiente, fue declarado culpable de robar una placa de vehículo en Ardmore Nissan, donde trabajaba como vendedor de autos. Se la había colocado a su Pontiac Firebird color púrpura, con que acumuló multas de tráfico y de estacionamiento.

Ese mismo día de diciembre, un detective del municipio de Burlington County interrogó a Matthews por presuntamente robar una tarjeta de crédito de un cliente en Burlington Volkswagen y utilizarla para pagar su seguro de automóvil.

En agosto de 2010, Matthews estaba en libertad condicional cuando recibió una carta de Frederick D. Hess, quien solía ser el director de la división criminal del Departamento de Justicia, y miembro de la junta de acreditaciones de inmigración de dicha agencia.

“Estamos satisfechos de que el solicitante sea una persona de buen carácter moral”, escribió Hess. Con eso, Matthews fue autorizado a proporcionar servicios legales a través de AHIO en Pennsauken. Hess se negó a hacer comentarios.

Eso significaba que el nombre de Matthews y la organización AHIO aparecerían en una lista oficial de proveedores de servicios de inmigración aprobados por el gobierno federal, y que aseguraba su legitimidad ante sus potenciales clientes.

“El gobierno está ayudando de manera involuntaria a estas organizaciones malas”, dijo Derek DeCosmo, un abogado de inmigración en Camden, que se quejó ante las autoridades en 2014 sobre Matthews y los servicios de AHIO.

Casi al mismo tiempo, la abogada de inmigración Kerry Hartington, que también practica en el sur de Nueva Jersey, había escuchado sobre tantos casos que decidió quejarse de Matthews ante el fiscal del condado de Camden y ante David Caudill, de la unidad de detección de fraudes del USCIS.

Los fiscales del condado de Camden acusaron a Matthews de robo por engaño tras supuestamente embolsarse más de $6,000 dólares por "servicios legales que nunca prestó".

Aunque la víctima proporcionó una declaración jurada grabada en audio y recibos de pagos a la policía, el caso sigue abierto.

Para entonces, el Departamento de Justicia había revocado la acreditación de Matthews. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a decir el porqué.

Aún así, Matthews continuó recibiendo nuevos clientes. Les entregó tarjetas de presentación que lo describían como un “abogado de inmigración”, miembro de la “Asociación Ameericana de Abogados”, con la palabra Americana mal escrita con dos e.

Y aunque Matthews ya no estaba acreditado, AHIO permanecía en la lista de organizaciones autorizadas por el gobierno para proporcionar servicios legales de inmigración por los próximos tres años.

Abel Enoc Mejia no tenía idea que Matthews operaba ilegalmente.

Mejia tenía 16 años cuando emigró de su natal Olancho, Honduras, después de que pandilleros mataran a dos de sus tíos. “Cuando vives en un país en desarrollo, hay mucha violencia, y hay una sensación de que estás obligado a unirte a una pandilla o arriesgar tu vida”, dijo.

Cruzó el Río Grande cerca de Roma, Texas, el 11 de junio de 2004, cuando se enfrentó con unos agentes de inmigración que lo arrestaron.

Al adolescente le dijeron que tenía que comparecer en una audiencia de deportación ante la corte, y luego sería liberado. Mejia dio una dirección a los funcionarios de inmigración, lugar hacia dónde se dirigía en el sur de Nueva Jersey. Pero, sin ofrecer un número de apartamento, su cita de audiencia fue devuelta al remitente.

Como Mejia faltó a la audiencia el 22 de septiembre de 2004, un juez de inmigración en Texas firmó una orden para deportarlo.

Durante los siguientes 10 años, Mejia vivió en Lindenwold, Nueva Jersey, pintando contenedores de basura. Produjo un sueldo de $22,000 dólares al año y pagó casi $2,250 dólares anualmente en impuestos. Se casó y tuvo dos hijos, ahora de 11 y 5 años de edad, ciudadanos estadounidenses de nacimiento.

En 2014, Mejia fue a ver a Matthews en AHIO y, en principio, le entregó $1,500 dólares. Terminó pagándole $3,000 dólares adicionales.

Mejia dijo que Matthews le propuso la idea de mentir a las autoridades. Le persuadió para que presentara una declaración notariada ante la Corte de Inmigración, diciendo que “dos hombres altos y fuertes” lo habían atacado brutalmente, razón por la que tuvieron que ingresarlo en el hospital, dos días antes de la audiencia.

La organización AHIO emitió una factura médica falsa con el logotipo del Hospital de la Universidad de Cooper, por $11,456.92 dólares por “servicios médicos para el Centro de Traumatología de Emergenia del Hospital de Cooper”, con una falta de ortografía en la palabra emergencia. La factura presentaba la fecha del 18 de mayo de 2004, 24 días antes de que Mejia ingresara a los Estados Unidos.

“Me hizo dar consentimiento para decir que me habían agredido, asaltado”, dijo Mejia. Dijo que le había preguntado a Matthews: “¿y si la gente me pregunta si eso fue cierto?”.

“No te preocupes. No te preocupes. Nada va a suceder”, dijo Matthews.

Como Matthews ya no estaba acreditado, la organización AHIO presentó una moción en marzo de 2014 utilizando el nombre y la firma de un representante acreditado activo. Ese representante de AHIO, que ya no tiene la acreditación, negó hacer comentarios.

En una entrevista en su casa en la sección Bustleton del Northeast, donde vive con su esposa y sus tres hijos, Matthews negó haber presentado documentos fraudulentos. "No. Negativo, absolutamente... La gente te mentirá. Le mentirán al juez”.

El juez no cuestionó la legitimidad del ataque o el historial médico falso, pero desestimó la moción de Mejia por un tecnicismo del procedimiento.

Si la moción se hubiera presentado correctamente, con argumentos válidos, Mejia habría tenido una oportunidad de optar por la ciudadanía, dijo el abogado DeCosmo.

"Su proceso de deportación comenzó cuando era un niño y no sabía nada sobre la carga tan grande que nuestro sistema de inmigración impone sobre la persona, con tal de preservar sus derechos", dijo DeCosmo.

“A pesar de esto, tuvo una oportunidad real de rectificar su estatus migratorio y sus problemas de inmigración en 2014 y esa oportunidad fue estropeada y empeorada por una farsante organización sin fines de lucro”, dijo el abogado.

Mejia podría ser deportado en cualquier momento. Pero él todavía tiene esperanza.

“Ahora quiero luchar para aclarar mi caso por mis hijos”, dijo.

Un año después que Mejia consultara con Matthews, Isabel Vasquez-Juarez le pagó a Matthews para que le ayudara a obtener una residencia permanente o green card.

La hija de granjeros inmigrantes, nacida en el estado de Oregón, regresó a México a los nueve años de edad. Trabajó en fincas todo el día cosechando maíz, y vivió con su familia de siete miembros, en una choza de madera sin baño ni camas. Se casó con su novio de la infancia, Javier Mijangos-Figueroa, con quien tuvo un hijo. Ambos querían una vida diferente para su hijo y lograron venir a los Estados Unidos.

Mijangos-Figueroa, que no era ciudadano estadounidense como su esposa, cruzó la frontera y terminó cosechando arándanos en Hammonton, Nueva Jersey, antes de obtener un trabajo en jardinería de $15.50 dólares por la hora.

Después que la pareja pagó una tarifa de $2,000 dólares, Matthews elaboró un plan.

Dijo que le conseguiría a Mijangos-Figueroa una “visa U”, un visado especial de cuatro años para las víctimas de crímenes, que optan por ayudar a las autoridades del orden a investigar el caso. Según la pareja, Matthews (quien también se hace llamar Luc Fikiri Murefu) le dijo a Mijangos-Figueroa que para ello tendría que ir a un área de alta criminalidad y esperar que lo asaltaran.

“Me dijo que conocía a un médico que podía arreglarme [la salud física]”, dijo Mijangos-Figueroa. “Me dijo que podía obtener informes médicos y policiales”.

“¿Y si me matan?”, preguntó Mijangos-Figueroa. La pareja no quería ejecutar ese plan.

Cuando reporteros de El Inquirer preguntaron si alguna vez había aconsejado a alguien que fuera golpeado para intentar obtener una visa, Matthews respondió: “Negativo, absolutamente. Eso sería una locura".

La pareja terminó yendo a Hartington, la abogada de inmigración en el sur de Nueva Jersey.

Tan pronto como Hartington escuchó el nombre de Matthews, se dijo a sí misma: no otra vez.

El 22 de agosto de 2017, la abogada le envió un correo electrónico a Caudill, el supervisor de la unidad antifraudes del USCIS.

“Lamento escuchar que Luc ha vuelto”, respondió Caudill. “Espero que este caso sea relativamente aislado y que el Sr. Matthews no esté arruinando la vida de tantas familias inocentes”. Luego Caudill, quien había sido trasladado a otra localidad, envió la queja de la abogada Hartington a un supervisor en su antigua oficina.

Matthews dijo que nunca defraudó a nadie, considerándose una persona humanitaria. “Ayudar a la gente es la tarea más difícil", dijo. “Mira lo que le hicieron a Jesucristo”.

Matthews explicó que algunos de sus clientes se enojaron con él porque dejó el país en el verano de 2018, para postularse a la presidencia de la República Democrática del Congo. Matthews, quien se refirió a sí mismo como “Príncipe Luc Fikiri” y “Gran Príncipe de la aldea Luvingi”, sostuvo una campaña electoral basada en una plataforma anticorrupción.

Pero, ninguno de los nombres de Matthews figuran en la lista oficial de los 21 candidatos presidenciales.

De hecho, Matthews fue encarcelado en Nueva Jersey en agosto de 2018 durante 45 días en la cárcel del condado de Monmouth, acusado de robar $500 dólares a un inmigrante y por ejercer un oficio sin la autorización de la ley.

Más tarde se declaró culpable de un cargo menor y fue multado con $130.50 dólares. Un mes después, volvió a promocionar los servicios de inmigración con su organización AHIO.

Durante años, Ana Molina ofreció una gran variedad de servicios en su tienda como la preparación de impuestos, el envío de remesas, divorcios de mutuo acuerdo y servicios de inmigración.

Pero, también llevaba un negocio secreto: lavado de dinero. Hasta el momento en que fue atrapada, Molina había enviado alrededor de $400,000 dólares hacia Colombia y la República Dominicana de ganancias en el tráfico ilegal de drogas. En 2007, se declaró culpable y fue sentenciada a 30 meses en prisión.

Mientras cumplía en libertad condicional, Molina solicitó al tribunal que le permitiera continuar prestando servicios de inmigración, siempre que no manejara las transferencias de dinero.

Molina argumentó que “estaría en un apuro financiero extremo” si no podía continuar con “Ana Molina & Associates” en su oficina ubicada en la avenida Castor, donde sus servicios eran “conocidos en la comunidad”.

El establecimiento comercial llegaría a ser reconocido por la policía de Filadelfia. Los oficiales fueron llamados a la oficina de Molina más de 20 veces entre 2014 y 2019 por denuncias como: robo, malversación de fondos, amenazas terroristas, disturbios menores, multitud desordenada y, en dos ocasiones, por reportes de “persona con una pistola”, según muestran los registros policiales.

En agosto de 2010, un juez de la Corte Federal del Distrito aceptó la solicitud de Molina de continuar brindando servicios de inmigración en la misma tienda.

Cuando Edwin Obispo fue a ver a Molina en 2013, tenía muchas probabilidades de adquirir un estatus legal. Como víctima de un brutal ataque y robo, calificaba para una visa U. Molina le dijo que trabajaría con el Departamento de Policía de Norristown para ayudarlo a obtener la visa, según Obispo.

Al contrario, ella evadió sus llamadas durante semanas. Luego, Obispo recibió una carta, escrita en inglés, de un detective de Norristown, diciendo que era “urgente” que lo contactara lo antes posible, para que pudiera continuar la investigación de su caso. Según la carta del 22 de enero de 2013, si el agente no obtenía respuesta de Obispo dentro de los próximos cinco días, asumiría que Obispo no quería darle seguimiento al caso.

Obispo, quien no sabe leer inglés, envió la carta a Molina. Cuando finalmente le devolvió las llamadas, Molina le dijo que tenía malas noticias: que la policía de Norristown había cerrado su caso y, como resultado, una visa U ya no era viable.

Pero, Molina le dijo que había otra opción: Obispo podría obtener una tarjeta verde porque su esposa era ciudadana estadounidense. Pero, necesitaría otros $3,000 dólares, además de los $2,000 que él ya le había pagado. Y, adicionalmente, dijo que la esposa de Obispo tendría que ir a un terapeuta, cuidadosamente seleccionado por Molina, para someterse a una evaluación psicológica con tal de demostrar que sufriría “necesidades” extremas, si él no podía quedarse en el país.

Obispo comenzó a sospechar de Molina. Dijo que él fue a su oficina y pidió que le regresara su documentación, pero ella exigió $200 dólares a cambio. “Se lo di porque me sentía vulnerable y quería terminar con todo”, dijo.

En 2016, Obispo le contó lo sucedido al abogado de inmigración local Christopher Casazza, quien denunció a Molina ante la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia por el delito de práctica no autorizada de la ley. No se presentaron cargos.

Casazza también escribió al Departamento de Policía de Norristown, explicando que su cliente había querido cooperar con la investigación policial sobre el asalto. El 8 de septiembre de 2016, el jefe de policía Mark Talbot firmó la certificación que Casazza necesitaba para emitir la solicitud de una visa U para Obispo.

Obispo todavía está esperando la determinación de su caso.

A diferencia de los inmigrantes sin un estatus migratorio legal, Sandra Enchautegui es una ciudadana estadounidense que trabaja como supervisora en una empresa de limpieza. Ella no tuvo miedo para enfrentar a Molina.

El 3 de octubre de 2014, presentó un informe ante el Departamento de Policía de Filadelfia, acusando a Molina de robo. Los detectives del Northeast investigaron el caso, pero no se presentaron cargos.

Luego, presentó una demanda contra Molina en el Tribunal Municipal de Filadelfia, alegando que le dio a Molina $1,110 dólares para evitar que un amigo de la familia fuera deportado a México. Pero, más tarde esa noche, se enteró que su amigo ya había sido deportado. Molina se negó a reembolsar el dinero.

“Seguí llamándola y llamándola, porque quería recuperar mi dinero. Probablemente, ella pensó que estaba ilegal ", dijo Enchautegui a través de un intérprete, durante una entrevista en su casa en Warminster, Pensilvania. “Me sentí realmente frustrada y molesta”.

En una audiencia en la corte, le dijo al juez que Molina la engañó haciéndole creer que era abogada, un reclamo que Molina negó. El juez le preguntó a Molina que cómo podía manejar casos de inmigración si ella no era abogada.

Según la transcripción del tribunal, Molina explicó que ella delegaba el trabajo legal y las comparecencias en la corte a una representante acreditada llamada Janet Hinshaw-Thomas.

Hinshaw-Thomas dirige una organización sin fines de lucro llamada PRIME Compromiso Ecuménico con los Refugiados, con oficinas en Lansdowne y Lancaster. En una entrevista reciente, dijo que conoció a Molina hace años y que habían forjado una especie de asociación.

Luego que Molina conseguía clientes en su oficina, los asignaba a Hinshaw-Thomas para comparecer ante el tribunal por unos $200 dólares por caso.

Hinshaw-Thomas. Ella dijo que “advirtió [a Molina] una y otra vez” que no ejerciera derecho.

En la mañana del 13 de marzo de 2019, los investigadores federales se presentaron en la oficina de Molina con una orden de allanamiento de 23 páginas.

El documento presentaba migajas dejadas por Molina desde el año 2014, que fueron seguidas por los investigadores hasta llegar a su puerta de oficina, después que concluyeron que “Molina es una impostora de abogados” que debía ser detenida.

De acuerdo con los documentos: un cliente de Molina la denunció ante el IRS y la policía local después de descubrir que le había robado sus registros financieros. Un año después, en 2015, un abogado alertó a los investigadores de Seguridad Nacional de que un inmigrante le pagó a Molina $900 dólares para representarlo en la corte y se sintió engañado cuando Hinshaw-Thomas, que no habla español, apareció en su lugar. Dos años después, un oficial de fraudes del USCIS descubrió que Molina, utilizando los registros bancarios y de impuestos que robó a un cliente, había falsificado su firma en los formularios de inmigración.

Para cuando los investigadores federales terminaron su búsqueda en la oficina de Molina, se habían incautado 19 cajas de documentos y tres computadoras.

Sin inmutarse, Molina adquirió nuevos clientes. Una fue Dainean Brown Menye, una peluquera, que pagó $500 dólares para optar por el estatus migratorio legal de su esposo. Disgustados, la pareja fue a su oficina a recuperar su dinero, pero Molina convocó a dos de sus hijos, uno de los cuales los amenazó con una pistola, según un informe policial y los registros de la corte civil.

Meyne llevó a Molina a la corte de reclamos menores y ganó el caso con un fallo por $500 dólares. Menye todavía está esperando el dinero.

La ley promulgada en 2014 en Filadelfia está diseñada para proteger a personas como Menye. Le requería a Molina presentar visiblemente el listado de tarifas que cobraba por los servicios que ofrecía, y proporcionar contratos a cada cliente que detallaran los servicios prestados y el costo total. Los clientes insatisfechos tienen tres días para cancelar el contrato y Molina se vería obligada a devolverles el dinero y la documentación.

La ley también le exigía a Molina que demostrara la compra de un seguro de $50,000 dólares, para cubrir los daños generados por personas que posiblemente demandaran.

Pero, ella no lo hizo. Tampoco lo ha hecho ninguno de las docenas de proveedores de servicios de inmigración en Filadelfia, según los funcionarios de la ciudad.

Amy Eusebio, directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la ciudad, dijo que las agencias locales está desarrollando “un plan de acción” para educar a los inmigrantes y a los propietarios de empresas de servicios sobre esta ley.

En cuanto a Molina, de 56 años de edad, se declaró culpable el mes pasado por fraude al correo postal y robo de identidad, admitiendo que engañó al menos a siete inmigrantes. Ella enfrenta un mínimo de dos años en prisión y debe pagar $11,000 dólares en restituciones a sus víctimas. Su sentencia está agendada para el 30 de abril.

¿Y qué de Luc Matthews? Dijo que ahora se gana la vida enviando autos desde Filadelfia hacia la República Democrática del Congo, y ya no está en el negocio de los servicios de inmigración.

Pero, la página de Facebook de AHIO dice lo contrario.

En un video promocional publicado el 24 de mayo de 2019, Matthews se encuentra a las afueras de la oficina de AHIO en la avenida Westfield, señalando con orgullo los servicios de inmigración que se leen en letras rojas en la ventana de la tienda.

Vestido con un elegante abrigo formal negro y una camisa blanca impecable, Matthews abre la puerta principal del local e invita a los espectadores a entrar, donde presenta sus servicios y abre un cajón de archivos lleno de lo que aparentan ser documentos de los casos.

Sin embargo, el Departamento de Justicia canceló su acreditación hace seis años.

En 2017, el departamento instauró reglamentos adicionales, que pudieran mejorar mantener el orden entre los representantes de inmigración acreditados. Quienes solicitan dicha acreditación deben revelar cualquier historial de deshonestidad, fraude, engaño o tergiversación que tengan, incluso si la acusación no resultó en un arresto, y aquellos declarados culpables de un “delito grave” son automáticamente descalificados.

Matthews, de 45 años de edad, insistió en una entrevista que todavía es un representante acreditado. "Estoy acreditado. Absolutamente. Y tengo mis papeles”, dijo, sacando su carta de aprobación de 2010 del Departamento de Justicia.

“Tengo plena acreditación. Puedo ir a cualquier estado, a cualquier tribunal y representar a la gente".

Las reporteras Jesenia De Moya Correa y Claudia Vargas contribuyeron a esta investigación.

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