Una familia de El Salvador encuentra seguridad en una sinagoga de West Philly

La última vez que David Centeno y Milagro Delgado llamaron por teléfono hacia El Salvador conversaron con la madre de ella, quien les rogó a la pareja no volver a casa, que es muy peligroso estar allí y que es menos riesgoso mantener a los niños en Estados Unidos.

Les contó que una pandilla callejera asesinó a un vecino recientemente, y luego emitió órdenes para que nadie asistiera a la vela. Nadie lo hizo.

Esa es la misma violencia que le tomó la vida uno de los hijos de la familia Centeno Delgado, un adolescente secuestrado y asesinado a los 15 años de edad. Esto fue lo que los llevó a 5,600 kilómetros de distancia de su tierra natal centroamericana, de todos los lugares, a estar bajo el cuidado de una sinagoga en el oeste de Filadelfia.

En un momento en que el gobierno de los Estados Unidos está rechazando agresivamente a los solicitantes de asilo, la sinagoga Kol Tzedek los recibió, proporcionándoles no solo apoyo emocional y legal, sino también recaudando dinero para vivienda, alimentos, ropa y atención médica.

"Se siente como un milagro", dijo el rabino Ari Lev Fornari.

La familia, de dos padres y cinco hijos de entre 19 años a 18 meses, dicen sentirse abrigados por una nueva sensación de seguridad, gratitud y alivio.

“No andamos con el temor de que al salir a comprar comida, de un momento a otro, te van a encontrar y no vas a regresar a casa ese día”, dijo Delgado, de 38 años.

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La familia, que proviene de un país donde la mitad de la población es católica, ahora recita oraciones y bendiciones judías.

Mas, la pareja no es ingenua. Saben que su solicitud de asilo podría ser negada y podrían verse obligados a irse de este país. Últimamente, solo aprueban alrededor del 20% de los casos.

Se enfrentan a un presidente que ve el asilo como “una estafa” o “un engaño”, y que se esfuerza por imponer nuevos límites y obligar a los solicitantes a esperar el proceso migratorio en otros países.

A fines de enero, poco después de que la familia Centeno Delgado llegara a Estados Unidos, la administración Trump implementó los protocolos de protección al migrante, una política que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México, donde abogados dicen que algunos han sido secuestrados, amenazados y robados mientras esperaban una audiencia con el Tribunal de Inmigración de los Estados Unidos. Sin mencionar la política de “medición”, donde se procesa un número restringido de solicitudes de asilo cada día.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que se necesitan procedimientos estrictos porque “las decisiones judiciales equivocadas y las leyes obsoletas han facilitado la entrada de los inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos”, incluidos aquellos que “solicitan asilo de manera fraudulenta”.

Los casos de asilo pueden continuar durante años, avanzando lentamente a través de un sistema insuficiente y abrumado. Según el Instituto de Política de Migración, la cantidad de personas que llegaron a los EE. UU. y solicitaron asilo aumentó de 28,000 en el año fiscal 2010 a 143,000 en 2017.

Para aquellos que buscan asilo, el tiempo puede ser un arma de doble filo, ya que pudiera llevar a cambios útiles en las leyes migratorias o en el liderazgo político, o pudiera llevar a la deportación repentina de las personas que han vivido aquí durante años.

No está claro qué podría pasar con la familia Centeno Delgado. No pueden prever el futuro. Mas, siguen perseguidos por su pasado.

En una entrevista, Centeno, de 59 años, jadeaba al describir su macabra búsqueda por su hijo Nelson, al que perdieron en 2015: cómo arañó las fosas en las macollas de caña, encontrando los restos de otros niños desconocidos.

“Hay cosas que son tan duras y difíciles de contar, que nunca se te olvidan”, dijo Centeno.

La familia puso una denuncia para demandar una investigación pública, pero no les trajo justicia sino amenazas de muerte, lo que los impulsó al nomadismo por años en búsqueda de seguridad.

Vivían en el Departamento de La Paz, al centro-sur de El Salvador, y vendían pescados en el Mercado Plaza La Tiendona en San Salvador. Comenzaron siendo pequeños negociantes en 2006, pero rápidamente llegaron a vender hasta 20 quintales de mariscos al por mayor.

El ayuntamiento local exigía pagos diarios para permitir que la familia operara una tienda. Las pandillas se percataron de la próspera empresa, y aumentaron rutinariamente los pagos de extorsión que les exigian.

Entre el pago a los funcionarios y los delincuentes, dijo Centeno, el negocio iba a la quiebra. Pero, no tenían otra opción.

Las pandillas son poderosas y generalizadas en El Salvador, y su violencia es responsable de la mayoría de los 20,000 asesinatos producidos entre 2014 y 2017, según la organización de paz mundial llamada International Crisis Group.

Operan en el 94% de los 262 municipios de El Salvador y, en muchas áreas, gobiernan la vida cotidiana, obligando a los residentes que se dirigen al trabajo o la escuela a pagar dinero en los peajes y bloqueos de carreteras, extorsionando mayores sumas de tiendas y negocios.

Recientemente, el Latin America Working Group con sede en Washington, D.C., mencionó en un análisis que el reclutamiento forzoso de hombres y mujeres jóvenes por parte de las pandillas impulsa a muchos salvadoreños a huir primero de sus hogares, luego de la región y finalmente del país.

Después de la muerte de Nelson, se le dijo a la familia Centeno Delgado que entregaran a uno de sus hijos para unirse a la pandilla, o todos serían asesinados.

Siendo perseguidos por criminales, se trasladaron rápidamente al este de El Salvador, luego a Guatemala, dijo la pareja. También destacaron la ayuda prestada por Médicos Sin Fronteras, la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y por sacerdotes Scalabrinianos, una comunidad religiosa internacional que sirve a migrantes y refugiados.

Después de dos años terribles, se mudaron legalmente a México en abril de 2017 con el apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Y allí, en el pueblo Tenosique, en el estado fronterizo de Tabasco, se habrían quedado, dijo Delgado. Fundaron un exitoso negocio de frutas, donde vendían cocos, naranjas y guineos. Centeno llegó a conducir una Ford Ranger, y tenían patios en ambos lados de su nuevo hogar.

Pero en noviembre de 2018 fueron descubiertos por pandilleros.

La familia siguió dirigiéndose hacia el norte, hacia un campo de concentración para refugiados en el estado de Coahuila. Mas, después de que su autobús fuera detenido por hombres armados que golpearon a Centeno y manosearon a las niñas, decidieron dirigirse hacia los EE. UU.

En la frontera, los Centenos hicieron todo lo que los agentes federales, y los críticos de inmigración, exigen a los recién llegados: No se colaron en el país. Se presentaron a las autoridades estadounidenses en el puerto de entrada en Laredo, Texas, junto a representantes de la ACNUR, COMAR, una reportera de Univisión, todos custodiados por policía de Guatemala y México.

Solicitaron asilo y se sometieron a una entrevista de “miedo creíble”, una conversación con un oficial de inmigración donde se decide si un solicitante de asilo realmente corre peligro al ser deportado.

La familia pasó la entrevista. Adicionalmente, a la familia se le concedió la “libertad condicional”, es decir, en lugar de ser detenidos en un centro de detención mientras avanza su caso de asilo, se les permitió entrar libremente a los Estados Unidos.

La libertad condicional es discrecional, y solo se otorga ocasionalmente a aquellos que pueden probar su identidad, demostrar que no representan un peligro público y tienen un patrocinador para proporcionar vivienda y apoyo financiero en este país.

Y es que las negaciones son comunes. Las autoridades de cinco oficinas locales de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (Detroit, El Paso, Los Ángeles, Newark y Filadelfia) negaron la libertad condicional a una tasa promedio del 96%, según una demanda federal presentada el año pasado por Human Rights First, ACLU y otras organizaciones.

El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado de América Central, un lugar donde miles de personas dependen de las remesas que les envían sus familiares desde otros países.

También es una nación donde las personas percibidas como “diferentes” debido a su sexualidad o preferencias de género son comúnmente ridiculizadas y agredidas. Este año, una mujer transgénero de 29 años llamada Camila Díaz Córdova fue golpeada hasta la muerte en San Salvador, después de ser rechazada por asilo en los Estados Unidos.

Durante su búsqueda de seguridad, la familia Centeno Delgado hizo una conexión clave con un grupo de mujeres migrantes transgénero, quienes las conectaron con el programa Showing Up for Racial Justice, una organización de defensoría que recluta patrocinadores para solicitantes de asilo.

En Filadelfia, el rabino Fornari, que es transgénero, se había inscrito junto a su compañero para convertirse en patrocinador.

Esperaban proporcionar comida y refugio para una persona. Cuando les llamaron, se les pidió que proporcionaran a siete.

Los miembros de Kol Tzedek, una sinagoga reconstruccionista creciente y centrada en la justicia social en Cedar Park, rápidamente acordaron participar.

Mucho han sido motivados por el trato duro de la administración Trump hacia los migrantes y, el rabino, lo hace por consideraciones personales. En Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente escondió a los miembros de su familia de los nazis, dijo el rabino.

“La gente arriesgó sus vidas”, dijo. “Hace una o dos generaciones, alguien hizo esto por mi familia y nuestras familias”.

Una campaña de GoFundMe recaudó $63,000 de los $65,000 necesarios para un año de gastos de la familia, incluido el alquiler de un apartamento no tan lejos de la sinagoga. Ahora, con enero a la vista, se avecinan problemas de dinero y vivienda.

El rabino espera por la obra generosa de un ángel, tal vez un desarrollador o propietario con una unidad de repuesto, donde la familia pueda vivir de forma gratuita.

Quieren ser autosuficientes, dice la pareja. Pero, según la ley de inmigración de EE. UU., Centeno y Delgado aún no pueden obtener permisos para trabajar. A más tardar, esa aprobación podría llegar en julio.

¿Qué quiere la familia en los Estados Unidos? Lo mismo que todas las demás.

Un lugar seguro para vivir. Espacio para llorar sus pérdidas. Empleos para pagar las cuentas. Educación para sus hijos.

“Son amables, atentos y amorosos, con nosotros y entre nosotros mismos”, dijo Fornari. “Han vivido cosas que nadie debería tener que vivir”.